Reparación Histórica: Su Curso y Resultados

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El programa de reparación histórica para jubilados cumplió cuatro años el 22 de julio. Así, el punto final para su vigencia viene con un saldo de 1.353.000 pasivos que recibieron su mejora de haberes con solo 54.824 de estos que renunciaron a un juicio cursado.

Algunas dudas siguen sin resolverse. De hecho, hay quienes han sido aceptados en el programa pero aún no han recibido una oferta concreta para ajustar sus ingresos.

La Ley 27.260 de 2016 declaró un «estado de emergencia en relación a disputas de pensiones» por tres años. La vigencia del programa de reparación se concretó dado este estado de emergencia. En cualquier caso, y según fuentes de la ANSES, existe la posibilidad de que los jubilados que aún no lo hayan hecho acepten la propuesta de reordenar su patrimonio y dado el caso, abonar retroactivamente.

En efecto, la Resolución 176 permite a la organización de pensiones un nuevo mecanismo con un tratamiento personalizado de los casos en los que existe desacuerdo con el recálculo de ingresos contenido en la propuesta. Esto deja la puerta abierta para que se apruebe la oferta, aunque la forma y los tiempos dependen de los términos de la ANSES.

Según el organismo, los beneficiarios que no hayan rechazado la propuesta pueden continuar con el proceso de reparación. Añadieron que quienes ya han expresado su oposición no podrán volver con su decisión (lo que se ha permitido hasta ahora, siendo los cambios de opinión la respuesta a las correcciones de cifras de la ANSES).

Las demoras en decidir si aceptar o no el plan están en muchos casos relacionados con la espera de una decisión judicial (otorgar la garantía significa dejar las disputas).

Para aquellos que han aceptado pero no han completado todo el proceso, la gestión seguirá su curso.

Entre las situaciones que aún no se han resuelto se encuentran aquellos pensionados que no recibieron una propuesta específica, las de viudas o viudos de quienes fallecieron sin haber completado el proceso (estas son situaciones relacionadas con los montos actuales de la pensión) y las de personas que entregaron su aprobación y firma del convenio pero que por algún problema técnico tienen trámites que no salieron adelante, según la abogada Andrea Falcone.

Respuestas caso a caso

El Gobierno confirma que, además de determinar el final del programa, seguirá buscando respuestas a todos estos casos. «Hay personas para las que no se pudo ofrecer una propuesta, porque no teníamos información completa», señalan. Y advierten que esto requiere una reconstrucción de la historia del seguro social «que obliga a otros tiempos de espera».

Según datos oficiales, el plan generó mejoras patrimoniales que promedian el 38%. Se aprobaron 727,112 convenios entre pensionados y el estado, que es la cantidad de trámites completados. El total de ofertas aceptadas es de 1.161.800.

Y la diferencia entre el número de deudas que contraen un aumento (1.353.000) y la última cifra corresponde a que en algunos casos se pagó sin necesidad de trámites (ocurrió en personas mayores de 90 años y con quienes padecen una enfermedad terminal).

Otras cifras indican que 540.000 deudas dejaron de recibir créditos mínimos para empezar a cobrar una cifra mayor, y que 77.000 expresaron su rechazo a la propuesta de continuar con su litigio o iniciar uno que esperan les dé ingresos superiores al ofrecido por la reparación.

Este plan adopta el criterio de la Corte Suprema de que los beneficios estaban mal calculados y mal actualizados (especialmente entre 2002 y 2006), pero no utiliza el mismo índice que la Corte para recalcular los activos. Por tanto, existen diferencias en los números.

Muchos juicios son por problemas que no se tuvieron en cuenta en la reparación.

«El plan ha mejorado los ingresos de muchos beneficiarios que, por diversas razones, como la falta de acceso a la justicia, nunca quisieron iniciar una demanda», dice el abogado de pensiones Adrián Tróccoli.

Y agrega: «No ha ayudado a reducir los litigios. Hoy se inician menos disputas legales que antes. Sin embargo, esto está en línea con el hecho de que la Ley de Movilidad de 2009 mejoró el cálculo del préstamo inicial y la posterior actualización de ingresos». Esto encontró que había menos razones para acudir a los tribunales.

La reparación histórica implica el reconocimiento de que el estado pagó a muchos jubilados menos de lo debido durante años. Esto se basa en las disposiciones de la Corte Suprema en cuatro sentencias; las de mayor impacto son las siguientes:

Una corresponde al caso de Adolfo Badaro, en el cual se planteó que entre 2002 y 2006 los salarios debieron haber aumentado nada menos que la elaboración de un índice salarial (esta variable había aumentado en 88.57%, mientras que muchos jubilados solo tenían un 11% otorgado a finales del período).

La otra decisión es del 2009: en el caso interpuesto por Alberto Elliff, se ordenó actualizar el valor histórico de los últimos 120 salarios de jubilados, y el promedio de estos números es parte de la fórmula de crédito original, que al no ser ajustada, generó que las pensiones se calcularan mal durante años.